La perspectiva de género se ha consolidado como un enfoque fundamental en la jurisprudencia, especialmente en un contexto donde la violencia de género y la discriminación siguen siendo problemas arraigados en la sociedad. Este enfoque busca no solo visibilizar las desigualdades que enfrentan hombres y mujeres, sino también transformar las estructuras de poder que perpetúan estas inequidades. En el ámbito jurídico, implica que las decisiones y normas deben considerar las experiencias y realidades de género para garantizar justicia y equidad.
La importancia de la perspectiva de género radica en su capacidad para desafiar y desmantelar los estereotipos y roles de género que limitan las oportunidades de las mujeres. En Colombia, las instituciones judiciales han comenzado a integrar este enfoque en sus decisiones, reconociendo la necesidad de proteger a las mujeres y garantizar que se tomen en cuenta sus experiencias. Esto se traduce en la implementación de políticas públicas y programas que abordan las causas estructurales de la violencia de género y promueven la equidad en todos los ámbitos de la vida.
Un ejemplo significativo de la aplicación de la perspectiva de género en la jurisprudencia es la Sentencia T-414/24. En este caso, la Corte Constitucional abordó el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y a un trabajo digno en un entorno universitario. La actora alegó que su universidad vulneró sus derechos fundamentales al negarle la posibilidad de trabajar de manera virtual, a pesar de ser víctima de violencia intrafamiliar. La Corte concluyó que la universidad, como empleador, tenía la obligación de aplicar un enfoque de género, reconociendo su corresponsabilidad en la protección de las mujeres ante situaciones de violencia. Aunque la actora ya no estaba vinculada a la universidad, la Corte emitió un pronunciamiento para prevenir futuras vulneraciones de derechos, enfatizando que las instituciones deben actuar de manera proactiva para garantizar un entorno seguro para todas las trabajadoras.
Otro caso relevante es la Sentencia T-401/24, que se centró en la acción de tutela contra decisiones judiciales en casos de violencia intrafamiliar. La actora, quien había sido víctima de violencia verbal y psicológica por parte de su ex yerno, denunció que la Comisaría de Familia no había tomado medidas adecuadas, como el desalojo del agresor. La Corte subrayó la importancia de aplicar un enfoque de género e interseccional en estos casos, garantizando así el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias. A pesar de que se presentó el fenómeno de carencia actual de objeto debido al daño consumado, la Corte advirtió sobre la vulneración de garantías constitucionales y exigió que se tramiten estos casos con la debida diligencia y atención. Además, instó al Ministerio de Justicia y del Derecho a asegurar que el personal de las comisarías de familia reciba formación continua en temas relacionados con la violencia de género y la administración de justicia con perspectiva de género.
Estas sentencias reflejan un avance significativo en la jurisprudencia colombiana, donde se reconoce que la violencia de género no es solo un problema individual, sino una cuestión estructural que requiere una respuesta integral por parte del Estado y de las instituciones. La Corte Constitucional ha enfatizado que la violencia contra las mujeres debe ser abordada con seriedad y compromiso, y que las autoridades tienen la responsabilidad de actuar de manera efectiva para proteger los derechos de las víctimas. La falta de acción o la omisión en la aplicación de un enfoque de género no solo perpetúa la violencia, sino que también revictimiza a las mujeres que ya han sufrido abusos.
En definitiva, la perspectiva de género es esencial para construir una sociedad más justa y equitativa. Las decisiones judiciales que incorporan este enfoque son ejemplos de cómo la jurisprudencia puede contribuir a la protección de los derechos de las mujeres y a la promoción de la equidad de género. Es fundamental seguir avanzando en este camino para garantizar que todas las personas, independientemente de su género, puedan disfrutar de sus derechos plenamente y sin discriminación. La lucha por la igualdad de género es un compromiso que debe ser asumido por todos los actores de la sociedad, y la jurisprudencia juega un papel crucial en la transformación de las normas y prácticas que perpetúan la desigualdad.
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