[JOSE LUIS BARRIOS MEZA]

En lo que va corrido del año 2022, en Colombia se han cometido más de 390 feminicidios, lo que deja en evidencia la necesidad jurídico social en nuestro país sobre la protección a la mujer. Sin lugar a dudas, vemos como en el ordenamiento jurídico colombiano, establece la especial protección de la mujer, por medio de la tipificados de diversos delitos, entre los cuales se encuentra el feminicidio, la constitución política y la ley 1257 de 2008 que establece un panorama amplio de normas de sensibilización, prevención y sanción de las formas de violencia contra la mujer. Como podemos observar, idealmente las leyes colombianas procuran proteger a la mujer, pero ¿por qué actualmente las cifras sociales demuestran lo contrario? Es una muy buena pregunta.

Por supuesto, por la débil garantía de la protección a la mujer, considero que, si bien es importante la tipificados de delitos como el feminicidio, para establecer sanciones a las personas que realicen estas conductas y atenten contra la integridad de las mujeres, también es menester, establecer mecanismos preventivos, que busquen erradicar o disminuir la comisión de esta clase de delitos, pues la protección a ellas, se basa principalmente en evitar y no sancionar a sus victimarios. Lo anterior se puede materializar por medio de la creación de políticas públicas, controles constantes de violencia a la mujer e instituciones más accesibles que permitan a estas poder posteriormente acceder a la justicia, pues como lo ha dicho la corte suprema de justicia, la prevención del feminicidio es posible si se permite el acceso a la justicia.

De igual forma, considero importante la educación, como punto central para preparar a las nuevas generaciones y también a las actuales, sobre temas relacionados con la violencia de género, los efectos adversos de esta, las formas de buscar ayuda, como identificar cuando se está en presencia de los indicios a un feminicidio y la manera de actuar al descubrir la comisión de un delito.

Lo anterior para materializar todas las garantías que ha establecido la ley penal y demás con los avances que ha tenido el sistema jurídico colombiano para la protección especial y real de la mujer.