La inclusión de categorías de impacto social en un proyecto eólico en comunidades rurales o indígenas podría redefinir su diseño y ejecución al priorizar el respeto por los derechos territoriales y las condiciones laborales. Implicaría garantizar procesos participativos, empleo local digno y compensaciones justas por el uso del territorio. De esta forma, las decisiones no se basarían solo en la eficiencia técnica, sino en la equidad y la aceptación social, promoviendo una transición energética que, además de ser limpia, fortalezca el bienestar comunitario y la justicia social en los territorios donde se desarrolla.
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