Una planificación que prioriza el respeto por los derechos territoriales y condiciones laborales justas promueve una transición energética más equitativa y beneficia directamente a las comunidades.
influye directamente en la viabilidad, sostenibilidad y legitimidad de los proyectos solares en comunidades rurales o indígenas en Colombia. Integrar estos factores no es solo un requisito legal o ético, sino una estrategia fundamental para el éxito y la sostenibilidad de las mismas.
Involucrar a las comunidades desde el principio en la selección del sitio, el diseño y la operación permite adaptar el proyecto a las necesidades locales, minimizando impactos negativos sobre sus territorios e usos y costumbres.
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