[Diego Armando Mejía Bugallo]

La inclusión de categorías de impacto social en proyectos solares en comunidades rurales o indígenas de Colombia reorientaría radicalmente su diseño e implementación, priorizando el respeto a los derechos territoriales y las condiciones laborales sobre la mera eficiencia técnica o económica. Esto implicaría, por ejemplo, modificar la ubicación de los paneles para evitar sitios sagrados, establecer cuotas de empleo local aunque requiera capacitación previa, y crear estructuras de gobernanza compartida donde las comunidades tengan voz vinculante en decisiones críticas. Lejos de ser un obstáculo, esta integración se convertiría en una estrategia inteligente que reduciría riesgos de conflictos y judicialización, fortalecería la licencia social para operar, y transformaría el proyecto de una simple fuente de energía en un catalizador de desarrollo comunitario, asegurando que la transición energética no repita históricos de exclusión sino que se construya sobre bases de equidad y corresponsabilidad.