[Luis Alberto Silva bustos]

La Evaluación de Impacto del Ciclo de Vida aplicada a proyectos de energía renovable en Colombia debe trascender lo ambiental y considerar también la dimensión social. En el caso de proyectos solares en comunidades rurales o indígenas, esto significa reconocer que la transición energética no puede ser únicamente tecnológica, sino también cultural y social. El respeto por los derechos territoriales es fundamental: sin consulta previa y sin participación activa de las comunidades, cualquier iniciativa corre el riesgo de generar conflictos y perder legitimidad.

Además, las condiciones laborales asociadas a la construcción y operación de estos proyectos son un factor clave. No basta con generar empleos; es necesario que sean dignos, seguros y que incluyan procesos de capacitación para que los habitantes locales puedan asumir roles técnicos y de liderazgo. De esta manera, los proyectos no solo aportan energía limpia, sino también fortalecimiento de capacidades y desarrollo comunitario.

En mi opinión, incorporar la dimensión social en la LCIA permite que los proyectos solares se conviertan en verdaderos motores de transformación. No se trata únicamente de reducir emisiones, sino de garantizar que la transición energética sea justa, inclusiva y respetuosa con las realidades locales. Así, la energía renovable puede ser un puente hacia la equidad y la sostenibilidad en Colombia.