Estoy de acuerdo contigo en que la inclusión de la dimensión social en la LCIA es clave para que los proyectos de energía renovable sean realmente sostenibles. Reconocer los derechos territoriales y las condiciones laborales dignas no solo fortalece la confianza con las comunidades, sino que también asegura que los beneficios de la transición energética se distribuyan de manera justa.
Me parece muy acertado tu énfasis en que ignorar estos factores puede generar tensiones y retrasos. Precisamente por eso, considero que la participación activa de las comunidades desde el inicio del proyecto es fundamental: no solo se evita el rechazo, sino que se construye un modelo de desarrollo más equitativo y duradero.
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