La inclusión de categorías de impacto social, como el respeto por los derechos territoriales y las condiciones laborales, modificaría de raíz el diseño e implementación de un proyecto solar en comunidades rurales o indígenas de Colombia. En lugar de comenzar con planos técnicos, el proceso se iniciaría con una Consulta Previa, Libre e Informada genuina, haciendo de la participación comunitaria el cimiento del proyecto. El diseño físico se adaptaría para evitar sitios sagrados o de subsistencia, y la infraestructura se orientaría a priorizar el autoconsumo y el beneficio local directo. En la implementación, se establecerían cláusulas de contratación y capacitación local, garantizando empleo digno y transferencia de conocimiento. Como resultado, la principal métrica de éxito dejaría de ser únicamente la eficiencia técnica o el costo, para medirse por la legitimidad social, la creación de valor compartido y la contribución a la justicia territorial, asegurando que el proyecto sea sostenible en todas sus dimensiones.
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