[Julio cesar Brochero]

La inclusión en la instalación de proyectos de energias, incluye de manera, primordial las comunidades el respeto hacia sus tierras son esenciales para una buena integracion comunidad y proyecto,

[Marlon Imbrecht Mieles]

la inclusión de estas categorías convertiría el proyecto solar de una simple inversión de infraestructura a un proyecto de desarrollo social-energético, donde la viabilidad social es tan crítica como la viabilidad técnica y financiera.

[Valeria Moncada Sánchez]

Incluir categorías de impacto social como el respeto por los derechos territoriales o las condiciones laborales podría cambiar mucho la forma en que se diseñan e implementan los proyectos solares en comunidades rurales o indígenas de Colombia; esto haría que las decisiones no se basen solo en criterios técnicos o económicos, sino también en el bienestar y la participación de las personas afectadas. Por ejemplo, al considerar los derechos territoriales, se tendría que consultar y acordar con las comunidades antes de usar su tierra, garantizando que el proyecto no afecte su cultura o su modo de vida, y al evaluar las condiciones laborales, se podría priorizar la contratación local y asegurar empleos dignos. En conjunto, estos criterios promoverían proyectos más justos, sostenibles y aceptados socialmente, evitando conflictos y fortaleciendo la relación entre la empresa y la comunidad.

[Yelson de Jesus Santamaria Barrios]

Gracias por compartir este análisis tan profundo y necesario. Me gustaría interactuar con tu reflexión desde el enfoque de planificación energética con perspectiva de ciclo de vida, reconociendo la centralidad de los territorios ancestrales en la transición energética.

Coincido plenamente en que los proyectos de generación energética deben enmarcarse en el respeto por los sistemas normativos propios de las comunidades indígenas. Este reconocimiento no solo es legal —como lo establece el derecho a la consulta previa— sino también técnico y ético. Desde la Evaluación de Impacto del Ciclo de Vida (LCIA), incorporar categorías sociales como el respeto por los derechos territoriales, la compatibilidad cultural y el cumplimiento de acuerdos comunitarios permite anticipar impactos que no se evidencian en los análisis ambientales tradicionales. Por ejemplo, un proyecto solar puede tener baja huella de carbono, pero si afecta zonas de valor espiritual o vulnera formas de gobierno propio, su sostenibilidad social se ve comprometida.

Tu mención al “transbordo ideológico” es especialmente relevante. En muchos casos, los proyectos energéticos llegan con modelos de desarrollo ajenos a las cosmovisiones locales, lo que genera tensiones y rechazo. Por eso, el LCIA debe incluir indicadores que midan la percepción comunitaria, el grado de participación en la toma de decisiones y la redistribución de beneficios. Esto no solo mejora la aceptación del proyecto, sino que también fortalece la gobernanza territorial y la resiliencia comunitaria.

Además, el hecho de que las comunidades indígenas no rechacen el desarrollo, sino que busquen participar activamente en él, debe ser visto como una oportunidad para co-crear soluciones energéticas que respondan a sus necesidades y valores. Esto implica que los proyectos deben ser diseñados desde el territorio, con metodologías participativas, respetuosas y adaptadas a los usos y costumbres locales.

En resumen, tu reflexión nos recuerda que la transición energética no puede construirse desde una lógica extractiva o unilateral. Debe ser un proceso dialogado, intercultural y profundamente territorial, donde el respeto por la ancestralidad y los derechos humanos sea el punto de partida para cualquier intervención. Gracias por abrir este espacio de pensamiento crítico y comprometido.

[Yelson de Jesus Santamaria Barrios]

Gracias por tu aporte, me parece muy pertinente destacar cómo el respeto por los derechos territoriales y las condiciones laborales puede redefinir la relación entre comunidades y proyectos energéticos. Quisiera complementar tu reflexión desde la perspectiva de la planificación técnica y el análisis de ciclo de vida.

Cuando se incorpora la dimensión social en la Evaluación de Impacto del Ciclo de Vida (LCIA), no solo se amplía el alcance del análisis, sino que se mejora la capacidad de anticipar riesgos operativos y reputacionales. Por ejemplo, en comunidades como las de La Guajira o el Magdalena, donde existen tensiones históricas por el uso del suelo y la exclusión laboral, incluir indicadores como la participación comunitaria, el acceso equitativo a beneficios o la compatibilidad cultural puede modificar decisiones clave: desde la ubicación de los paneles solares hasta los modelos de gobernanza del proyecto.

Además, desde una perspectiva técnica, estos indicadores sociales pueden integrarse en matrices multicriterio que permitan ponderar impactos ambientales, económicos y sociales de forma equilibrada. Esto es especialmente útil en territorios donde la infraestructura es limitada y la vulnerabilidad social es alta, ya que permite priorizar soluciones que generen valor compartido.

Coincido contigo en que ignorar estos factores puede generar rechazo, pero también agregaría que su inclusión puede abrir oportunidades de innovación social. Por ejemplo, capacitar mano de obra local para el mantenimiento de sistemas solares no solo mejora la percepción del proyecto, sino que también fortalece la resiliencia energética de la comunidad.